Sanciones
Para los países desarrollados, incluida la Unión Europea, el Reino Unido, los Estados Unidos y Canadá, las sanciones se han convertido en la herramienta común de elección para ejercer su política exterior.
En la mayoría de los casos, el objetivo real de las sanciones es la corrección razonable del comportamiento de los países o individuos seleccionados y la protección de la ley y los derechos humanos, que los profesionales de todo el mundo reconocen comúnmente como medidas justificadas.
Si bien las sanciones pueden aplicarse a países, instituciones, empresas e individuos, existe una clara tendencia hacia su individualización y discriminación, ya que los organismos imponentes intentan evitar castigar a la población en general y centrarse en los infractores independientes.
Las sanciones personalizadas dirigidas a ellos persiguen el objetivo del aislamiento y, por lo general, incluyen prohibiciones de visa, congelamiento de cuentas bancarias, embargo de activos y limitaciones comerciales. Los países occidentales han demostrado ser muy reacios a la hora de levantar o refinar sus listas de sanciones, por lo que lleva mucho tiempo y paciencia el manejo de dicho proceso, en ocasiones se debe esperar a que se cambie su estado.
Esto generalmente ocurre bajo la influencia de cambios en las circunstancias políticas, pero incluso después de la eliminación de las sanciones, con frecuencia se enfrentan consecuencias duraderas causadas por los respectivos problemas formales y de reputación (multilateralismo, actualizaciones de bases de datos, listas negras corporativas, etc.).
Aunque hay discusiones en curso sobre la efectividad de las sanciones, “Status Law” cree firmemente que somos un instrumento importante que ayuda a combatir la violación de los derechos humanos y la violación al derecho internacional en los países en desarrollo.
Nuestra firma se enorgullece de ser parte de un esfuerzo de cabildeo común para la implementación de sanciones contra las autoridades penales en diferentes regiones del mundo, desde Venezuela hasta China, y se esfuerza por combatir el abuso sistemático del poder, a menudo de forma gratuita. Nuestros expertos también cooperan regularmente con los actores clave de la política exterior occidental para crear conciencia sobre la situación en regiones problemáticas y ayudarlos a desarrollar una mejor comprensión del contexto.
Al mismo tiempo, nuestra experiencia con las sanciones confirma que, a pesar de todos los esfuerzos para mejorar su precisión, puede suceder que los organismos imponentes no distingan claramente los sujetos de ley “objetivos” de los no objetivos y apliquen medidas restrictivas contra actores inocentes.
Tales accidentes son injustos y, si no se resuelven rápidamente, socavan la confianza en los principios democráticos y la universalidad de los derechos humanos.
Es por eso que “Status Law” brinda apoyo legal y de comunicaciones a un número limitado de personas calificadas y estrictamente examinadas que afirman estar injustificadamente incluidas en las listas de sanciones. La elegibilidad para este tipo de servicio se determina caso por caso después de una exhaustiva verificación de antecedentes.
Aunque los controles a menudo demuestran la idoneidad de las sanciones, hemos podido ayudar a una serie de individuos acusados injustamente afectados por la Ley de Soborno del Reino Unido, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la base de datos World-Check de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y otras clasificaciones restrictivas.
Uno de los mecanismos que utilizamos en tales casos es la apelación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Para obtener más información, lo invitamos a leer más sobre nuestros servicios y áreas de especialización, consulte nuestra página de preguntas frecuentes o contáctenos directamente. Si bien “Status Law” se reserva el derecho de rechazar sus servicios a cualquier persona sin dar una explicación completa de los motivos, nunca revelamos información sobre las solicitudes entrantes.